martes, 28 de junio de 2016

PARA LOS EMPRESARIOS TODO, PARA EL PUEBLO NADA, PARA EL MAGISTERIO CERRAZON Y REPRESION


PARA LOS EMPRESARIOS TODO, para "pueblo nada", PARA LOS MAESTROS CERRAZÓN Y REPRESION.
Los empresarios con solo manifestarse UN DÍA en el Ángel de la Independencia, dos o tres días después en los medios; solicitaron cita y prontamente fueron recibidos por PENA NIETO y éste escuchó sus reclamos (El Despertar de Oaxaca, 24/6/16 en Internet). Un día antes de que dicha ley fuera promulgada, EPN aplico el VETO PRESIDENCIAL, hecho que mando la ley de regreso a la Cámara para ser modificada. Nosotros los MAESTROS TAMBIÉN nos manifestamos en contra de las LEYES SECUNDARIAS ANTES DE SER APROBADAS POR EPN pero con el magisterio se aplico la CERRAZÓN Y REPRESIÓN recuerden pueblo las murallas humanas de policías federales que impidieron que el magisterio dialogara con diputados y senadores, todo era parte de la comparsa política.
Los invito a leer el siguiente articulo:

GOLPE DE TIMÓN EN EL GOBIERNO EPN
Por: El Pionero 
Fecha: 27/06/2016 07:28

La semana pasada fue una de las más difíciles para la administración del mandatario.
La situación adversa que se vive en el país fue aprovechada por el presidente de la República para mandar señales de cambio de dirección en su gestión.
Primero, el mandatario ordenó –tras las protestas violentas de Nochixtlán, Oaxaca, que derivaron con la muerte de 8 personas– instalar una mesa de diálogo con la CNTE, el sindicato de maestros que se oponen a la Reforma Educativa.
Luego Peña Nieto hizo valer sus facultades para vetar el polémico apartado de la Ley 3de3 que obligaba a los empresarios con contratos con gobierno a rendir sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés.
El veto presidencial no estuvo exento de polémica: el artículo 32 de esta disposición había sido aprobado en el Senado de la República hace dos semanas por su partido, el PRI, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
La aprobación hace dos semanas en el Congreso de esta Ley había provocado la inconformidad de las cámaras empresariales que habían impulsado la Ley 3de3. En lugar de obligar a los funcionarios a rendir sus declaraciones, como la IP buscaba, los senadores cambiaron la redacción del proyecto y la disposición la hicieron obligatoria a los empresarios.
La semana pasada concluyó con una crisis que se generó a nivel internacional con repercusiones en el país: el Brexit británico.
El Gobierno federal decidió defender el peso y realizó otro recorte de 32 mil millones de pesos en el gasto público para hacer frente a la volatilidad de la moneda.
¿Los cambios y estas decisiones seguirán?
En el medio político se asegura que este viraje en su gobierno que pretende realizar Enrique Peña Nieto a dos años de concluir su presidencia también incluirá cambios en su gabinete.
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La polémica 3 de 3
Fue más que una insinuación. Si hay corrupción en el gobierno es porque hay empresarios que la provocan. Era la voz del Senador, Pablo Escudero, del Partido Verde y secundada por el sempiterno priista Emilio Gamboa.
La llamarada creció como en pasto seco. La Iniciativa Privada de este país, que había impulsado la famosa Ley 3 de 3, que consiste en que los funcionarios presenten sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, se puso en guardia.
Decididos a iniciar una batalla se inconformaron. Los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezados por el presidente nacional, Gustavo de Hoyos, salieron a protestar al Ángel de la Independencia.
Esa marcha bastó para llamar la atención y para ser recibidos en Los Pinos por el Presidente, quien después de escucharlos, y a través de su vocero Eduardo Sánchez, anunció que se revisaría la iniciativa.
Finalmente pasaron tan sólo unos días y el jueves pasado por la noche, Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, anunció que se realizarían observaciones al artículo 32 de la Ley 3 de 3 y a otros 15 que se encuentran relacionados con esa disposición.
La reversa en Los Pinos
Como pocas veces, los empresarios alzaron la voz para expresar su inconformidad. Les afectaba un artículo en particular; el que obligaba a los prestadores de servicios del gobierno a someterse al escrutinio de la Ley 3 de 3.
En sus fracciones B y C, el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobada por el Congreso de la Unión, se refiere a “cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades federativas y los municipios”.
Y también que “Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”.
Estas disposiciones incluían a empresarios y sus empleados; beneficiarios de programas de gobierno; emprendedores que reciben algún apoyo; entre otros, lo que a juicio de los empresarios acarrearía tal cantidad de información que volvería inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción.
El artículo no tenía precedentes, medía con la misma vara a empresarios y funcionarios. Y a los aludidos no les cayó nada en gracia.
Incluso los estudiantes beneficiarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tendrían que ser parte de esta rendición de cuentas.
De acuerdo a fuentes al interior de Los Pinos desde un principio no gustó la redacción de este artículo y menos la interpretación que se empezó a hacer socialmente de él. Se veía como una venganza por parte del Legislativo contra los empresarios que promovieron esta Ley.
Por eso a las pocas horas que el tema cobró fuerza en la opinión pública, en Los Pinos se activó la reversa.
Castillejos sostuvo que el equipo jurídico de la Presidencia analizó cuáles eran las implicaciones de este artículo y se percató de que podía haber una afectación a los derechos humanos.
“La Presidencia de la República ha escuchado con atención las voces que dicen que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción”, aseguró en una rueda de prensa nocturna.
Sin embargo la Presidencia de la República dejó sin modificar el artículo 29 de la Ley.
En dicho artículo se establece que los servidores públicos presentarán sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, pero solo se hará pública una versión.
Aún así la decisión no tenía precedentes. Era la primera vez que Enrique Peña Nieto utilizaba sus facultades para modificar una Ley.
Reporte Índigo
Amig@ debe leerlo completo, ademas de indagar minimo tres articulos mas relacionado. Tienes que desarrrollar tu habito de investigacion

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